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Uruguay por despenalizar la mariguana

Uruguay por despenalizar la mariguana

Uruguay por despenalizar la mariguana

Resueltos a desentrañar lo razonable de lo indebido, dejamos que atardezca en la habitación inundada de humo. Con cierto desgano y una cordialidad no del todo convincente, Leopoldo -así eligió llamarse esta vez- repite que el negocio recién está comenzando para él. Me asegura que las leyes que quieren regular la producción, la venta y el consumo de la mariguana en Uruguay, son como esa humareda que compartimos circunstancialmente, que sólo es cuestión de abrir la ventana para que se disipen. Mientras habla, juega nervioso con su triturador de cannabis; lo gira de un lado a otro, mientras una radio vecina despacha música tropical, anegando de desentonados vientos el angosto corredor sobre el que desemboca el apartamento.

Leopoldo se mudó recientemente a Villa Dolores, un típico barrio de clase media en la ciudad de Montevideo, tras salir de la cárcel, en donde estuvo casi seis meses por tráfico de estupefacientes. La prisión es la nefasta amenaza con la que hay que lidiar en un país donde está penada la tenencia y el comercio de mariguana, pero no su consumo. La ley de estupefacientes fue creada en 1974, en plena dictadura militar (1973-1985), y tiene la particularidad de dejar a criterio de los magistrados si la cantidad incautada es para uso propio o para comercialización. Leopoldo, desde hace trece años dedicado a la venta al menudeo, tuvo mala suerte con el criterio del juez.

En Uruguay funciona un mercado de mariguana, plenamente constituido, desde hace muchos años a través de una red de distribución clandestina, muy eficiente y rentable. Leopoldo, que suma esta tarea a su trabajo formal como fletero, obtiene unos 2 mil 500 dólares mensuales con la venta de cannabis procedente de Paraguay para un centenar de clientes. El sueldo mínimo nacional es de 350 dólares al mes. A los grandes compradores, la mariguana les cuesta 300 dólares el kilo; sin embargo, vendida al menudeo, se puede llegar a pagar hasta un dólar por gramo de acuerdo a las cifras de la Junta Nacional de Drogas (JND), dependencia de la Presidencia de la República. Aunque no existen cifras oficiales, comedidamente se pueden calcular entre cinco mil y diez mil las personas que se ganan la vida como abastecedores de la creciente demanda de cannabis, estimada en unos 175 mil consumidores regulares (cerca del 4.5 por ciento de la población), según la JND.

«El mercado negro va a seguir existiendo [pese a la regulación]. De hecho, se va a vender menos cantidad y se va a ganar lo mismo. Si vendíamos diez, ahora vamos a vender cinco y vamos a ganar el doble», dice Leopoldo, que desde la puerta de la calle y antes de despedirse, manifiesta su inquietud por la presencia del fotógrafo. Al explicarle que la intención es ilustrar su realidad, no su identidad, y que las fotos se pueden hacer a contraluz o de espaldas, ironiza: «Perfecto, te las podés sacar vos mismo entonces».

Leopoldo pasó seis meses en prisión por tráfico de estupefacientes.

LA TRAMA ESPECULATIVA I

Uruguay tiene poco más de tres millones de habitantes y se estima que el mercado negro de drogas mueve 30 millones de dólares al año, cifra similar al reembolso obtenido por el país debido a su participación en las Misiones de Paz de las Naciones Unidas. En el mismo periodo, el gobierno gasta el doble en combatirlo. Deduce en cárceles repletas, criminalización de amplios sectores de la sociedad, corrupción institucional y cuantiosos gastos en operativos policiales, obteniendo una media de decomiso anual cercana al cinco por ciento. La contundencia de estas cifras, sumada a un recrudecimiento de la violencia social vinculada al narcotráfico (75 asesinatos el año pasado), fueron determinantes para que en junio de 2012 el presidente José Mujica Cordano propusiera públicamente la regulación del mercado de cannabis como parte de un paquete de medidas para reforzar la seguridad pública.

El rimbombante anuncio fue consecuencia directa de un proyecto que llevaba más de diez años madurando en la casa de gobierno. Durante el período del presidente de extracción liberal Jorge Batlle (2000-2005), un grupo de sus asesores y técnicos inició una controvertida campaña mediática a través de la JND presidida en ese entonces por Leonardo Costa. La junta transgredió el abordaje prohibicionista de administraciones anteriores, reconociendo la existencia del usuario de drogas como sujeto de derecho y ciudadano integrado a la sociedad, al tiempo que el presidente Batlle coqueteaba en los medios con la posibilidad de legalizar la mariguana. Costa recuerda que la estrategia sanitaria de la reducción de daños aplicada como política de Estado durante una década, logró abrirse terreno en el ámbito oficial y permear en la sociedad con la indiscutible veracidad de su premisa: «Las drogas habían llegado para quedarse, se trataba de aprender a convivir con ellas».

Inmediatamente después del anuncio de Mujica, la noticia dio la vuelta al mundo. Titulares como «Primera dama uruguaya defiende la venta estatal de mariguana» o «Juanes respalda iniciativa uruguaya de despenalizar el cannabis», aparecieron en los medios de comunicación uruguayos. Esta suerte de mariguanización mediática con la que fue bombardeada la opinión pública facilitó la tarea de los movimientos sociales, ongs y grupos de activistas en pro de la legalización. Así comenzó un fuerte movimiento de presión impulsado primordialmente a través de las redes sociales. Tal es el caso del colectivo Una nueva legislación, creado por Diego Cataldo, Martín Espósito y Juan Pablo Méndez en 2012, que irrumpió en escena con una serie de videos testimoniales de personas encarceladas por cultivar mariguana que se transformaron rápidamente en virales. De los mismos surgieron una serie de denuncias de distintos actores sociales, culturales y políticos, centradas en la contradicción del orden jurídico y su consecuencia más indignante: el procesamiento de cientos de personas por autocultivo o por portar pequeñas cantidades de cannabis. Y es que al mismo tiempo que promueve su liberalización, el Ministerio del Interior de Uruguay se jacta de batir récords históricos de incautación y procesamientos. Un resumen estadístico de 2012, elaborado por la JND, señala que las distintas dependencias que se encargan de la represión del tráfico ilícito de estupefacientes incautaron 684 mil 891 gramos de cocaína, 223 mil 163 gramos de pasta base, 1 millón 979 mil 600 gramos de mariguana y mil 035 gramos de hachís. Tras las operaciones hubo 2 mil 236 detenidos, con 931 procesamientos y 17 grupos de narcotráfico desarticulados. El sitio web de Una nueva legislación demanda: «Queremos cambiar esta realidad injusta para que nunca más se considere a ciudadanos inocentes culpables por un crimen que no tiene víctimas. Buscamos una legislación más clara y más justa». Pablo Méndez dice que hasta antes de los videos testimoniales, ninguna de las organizaciones sociales que trabajaban en el asunto había logrado obtener tal resultado en los medios, por lo que entendieron que de algún modo ese era el camino. Paralelamente, en el gobierno, un equipo de técnicos y especialistas jurídicos comienza a estudiar distintos modelos de regulación de la mariguana en el mundo. Para ello, el gobierno organizó una serie de seminarios en los que la ONG internacional Drug Policy Alliance (DPA) tuvo un papel sobresaliente. Especialmente en uno de ellos, organizado en febrero de este año por la JND, la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR) e importantes organismos norteamericanos especializados en la materia. Algo que a la postre fue considerado por algunos sectores políticos y sociales como una injerencia internacional en asuntos domésticos.

Miembros del colectivo Una nueva legislación.

LA TRAMA ESPECULATIVA II

Hannah Hetzer es responsable de los asuntos internacionales de la DPA. Su labor se ha centrado en Latinoamérica y vive desde principios de este año en Montevideo, donde asegura que percibe que el consumo social de cannabis es muy extendido. Hetzer subestima las críticas de quienes acusan una intromisión. Ella entiende que ese supuesto protagonismo de la DPA no ha sido tal y considera estas versiones «injustas» para el trabajo que los uruguayos vienen haciendo hace una década: «Ésta es una iniciativa genuinamente local. Nosotros apoyamos el proceso». En la misma línea, el actual director de la JND, Julio Calzada, manifiesta que no ha habido tal injerencia: «Los técnicos estadounidenses que llegaron al Uruguay son algunos de entre otros muchos técnicos extranjeros que han venido para asesorarnos en la búsqueda de modelos de liberalización.»

Sin embargo, la mayor aprensión surgió a raíz de la campaña televisiva en pro de dicha liberalización, que bajo el nombre Regulación Responsable (una agrupación de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales que apoyan la iniciativa de regulación de la mariguana en el Uruguay) fue mayoritariamente subvencionada por la DPA. Al trascender que la DPA obtenía buena parte de su financiación de la Open Society Foundation (osf) -una organización filantrópica internacional que financia distintas causas humanitarias a lo largo y ancho del planeta, presidida por el filántropo e inversionista George Soros- y paralelamente asociar a Soros con la multinacional Monsanto (con mil 275 millones de hectáreas de soja plantadas en Uruguay, de acuerdo a cifras oficiales), comenzaron a circular distintas teorías. El periodista uruguayo Leonardo Haberkorn -corresponsal de la agencia Associated Press- fue el primero en atar estos cabos que se hicieron públicos en el mes de junio y que empiezan a ser manejados con seriedad por distintos medios de prensa locales e internacionales, sobre todo tras la reciente reunión que el presidente uruguayo sostuvo con el propio George Soros en Nueva York. En esa reunión, Soros ha confirmado una visita a Uruguay para apoyar el proceso de liberalización de la mariguana, ya que considera al país como un «laboratorio» cuyo ejemplo puede ser útil al mundo.

Aunque reconoce que los 100 mil dólares de la campaña provinieron de la DPA y osf, y también que Soros es el principal donante en la primera, Hetzer afirma que en la actualidad el magnate estadounidense no tiene acciones en Monsanto. Con énfasis sostiene que Regulación Responsable no quiere la participación de Monsanto en estos asuntos. También añade que especular con los intereses de Soros en el proceso y las supuestas intenciones de Monsanto de acceder al mercado de cannabis en Uruguay no tiene sentido, en especial cuando las reglas de la implementación para la explotación de la mariguana todavía no han sido escritas.

Justamente por esa falta de reglas, el Estado se permite algunas licencias, como la plantación de mariguana para uso industrial desde 2010. En ese año, The Latin America Hemp Trading (LAHT), un grupo agroindustrial que busca «establecer la producción responsable» del cáñamo en América Latina, firmó un convenio con el estado uruguayo para verificar cuáles son las variedades de cáñamo industrial que mejor se adaptan a las condiciones de su clima y suelo. Si bien hasta el momento no está determinado el volumen de mariguana psicoactiva que el Estado tiene previsto plantar, extraoficialmente se habla de cuarenta hectáreas que serán vigiladas por el ejército. Sí se sabe que éstas serán explotadas por particulares, a instancias de un llamado a licitación que al parecer ha capturado la atención de muchos interesados. Según Calzada, hay decenas de personas que están mandando correos a la JND para averiguar qué deben hacer para conseguir una licencia. También hay empresas y laboratorios multinacionales que han indagado sobre la producción para usos medicinales. En función de la apertura regional que se puede generar con la experiencia uruguaya, tampoco está muy claro si la comercialización de la mariguana psicoactiva quedaría circunscripta al país, o si podrían llegar a abrirse nuevos y vastos mercados en la medida que el resto de la región incursione en políticas similares. En definitiva, poco y nada ha trascendido hasta ahora sobre lo que el gobierno pretende de esta modalidad -muy liberal- de explotación, que como veremos enseguida, no lo es tanto en lo que respecta a los usuarios.

Julio Calzada, director de la Junta Nacional de Drogas.

LA TRAMA LEGAL

Pese a cultivar un bajo perfil, Julio Calzada se convirtió en una figura mediática desde el 31 de julio de 2013, cuando los diputados aprobaron la iniciativa gubernamental para regular el mercado del cannabis. Los periodistas nacionales y extranjeros han colmado su agenda con entrevistas, en busca de conocer los pormenores de una ley que tiene un margen de interpretación muy amplio.

Ahora falta la instancia en la Cámara de Senadores, que llegará seguramente antes de fin de año. Entre otras cosas, la ley crea el ircca (Instituto de Regulación y Control del Cannabis) como organismo gubernamental encargado de la regulación. Para controlar el mercado se brindarán permisos de tres tipos: producción, comercialización y abastecimiento personal. Los permisos para la producción autorizarán a los establecimientos a cosechar mariguana para uso personal y medicinal. También autorizarán la producción industrial -que ya se está llevando a cabo desde hace dos años- de cannabis no psicoactivo, para la industria textil y papelera.

Los permisos para la comercialización habilitarán a los sitios de venta de mariguana para uso personal y medicinal. Por su parte, los permisos para el abastecimiento personal y medicinal permitirán a los individuos acceder a la sustancia a través de cuatro vías posibles: el autocultivo (la ley prevé el cultivo doméstico de hasta seis plantas); los sitios de venta autorizados (con un límite de cuarenta gramos por persona al mes); el uso medicinal (con autorización para comprarla o adquirirla mediante receta médica del Ministerio de Salud Pública), y los clubes de cannabis (establecimientos donde se podrá cultivar en grupo una cantidad de plantas proporcional al número de sus miembros).

Uno de los puntos más discordantes y complejos es el del cultivo doméstico. Calzada explica que las plantas, además de no poder exceder la media docena, deberán ser de las cuatro especies predefinidas por el gobierno. De lo contrario, dice, se estaría incurriendo en un delito. Esto fue confirmado por el presidente Mujica, quien en una entrevista reciente con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) destacó que el gobierno planea endurecer las penas de prisión para quienes cultiven mariguana sin estar registrados.

Este aspecto, además de exacerbar el paradigma prohibicionista y punitivo que se pretende combatir, está en franco contraste con la realidad. Es posible encontrar listas exhaustivas de subespecies e híbridos de cannabis en los bancos de semillas que hoy ofrecen infinidad de variedades para la venta online. Diego Cataldo, de Una nueva legislación, se pregunta cómo se pretende controlar esto: «¿Acaso piensan entrar a las casas para cotejar que el rastro genético de las plantas sea coincidente con las que el gobierno establece como válidas?». En ese caso, es muy posible que serán más los procesados por autocultivo indebido, que los que en la actualidad lo están por cultivo doméstico mal interpretado por un juez. Como si esto fuera poco, se estima que las penas serán aún más severas.

Otro aspecto controversial de la norma es el de la regulación de la venta en farmacias para uso personal bajo control del Estado, generando para ello un registro de consumidores reservado. Ninguno de los usuarios de cannabis consultados por este periodista se muestra dispuesto a poner su nombre en una lista oficial para consumir mariguana.

Leonardo Costa, a favor de la plena legalización de la mariguana, también se manifiesta en contra del registro de consumidores que prevé el gobierno, entendiendo que si el consumo hoy es libre, la creación de un registro atenta contra ese principio. Su punto de vista coincide con el de los miembros de Una nueva legislación. Sin embargo, desde el gobierno, Calzada la defiende a capa y espada: «Yo creo que los usuarios de cannabis van a aceptar los mecanismos de control estatales. Va a primar la racionalidad. La opción es, o un producto de mala calidad en situación de riesgo, como es ir a comprarle a una boca (punto de venta clandestino) con un precio determinado, frente a la opción de ir a comprar a una farmacia con una calidad diez veces superior. Nosotros tenemos el desafío de demostrarles a los usuarios que las listas van a ser de estricta privacidad».

A pesar de que en su artículo cuarto la ley establece que busca proteger a los habitantes de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico logrando, mediante la intervención del Estado, atacar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, tiene algunos agujeros negros que desde el ámbito oficial pretenden llenarse con un discurso voluntarista. El voluntarismo, sin embargo, no responde cómo van a definirse aspectos como la distribución, el control y la fiscalización de toda la cadena, ni cuáles serían los laboratorios acreditados y con habilitación para realizar la dosificación del porcentaje de thc (principio activo del cannabis) en las plantaciones que se van a controlar. Tampoco queda claro cómo se encarará el asunto de la minoría de edad, teniendo en cuenta que el Estado parece dispuesto a controlar sólo el mercado adulto de un país donde la mitad de las personas fumó mariguana al menos una vez en su vida, y más de la mitad de los nuevos consumidores tienen entre 15 y 17 años.

La iniciativa presidencial de regular la producción, venta y consumo del cannabis en Uruguay, despertó la simpatía de algunos sectores.

LA TRAMA INTERNACIONAL

Apenas unas horas después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto que regula la producción, venta y consumo de mariguana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Organización de las Naciones Unidas advirtió severamente al gobierno uruguayo sobre el camino que estaba tomando. Invocando la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, a la que Uruguay suscribe, la JIFE emitió un comunicado en el que lamentó que este país no recibiera a una misión de la onu antes de que la iniciativa se debatiera en el Parlamento. El documento advierte, además, que la aprobación de la ley tendrá «graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población», por lo que se solicita a las autoridades uruguayas que consideren «todas las consecuencias posibles» antes de tomar la decisión.

La Convención Única, en su artículo tercero, establece que los Estados parte tomen medidas para tipificar como delito penal la «producción, fabricación, extracción, preparación, la oferta para la venta, la distribución, venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica».

El gobierno uruguayo desoyó estas amenazas y centró resueltamente su iniciativa en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas, que desde 2011 lideran Kofi Annan (ex secretario general de las Naciones Unidas), Paul Volcker (ex jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos), y los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México). A través de la Comisión, alientan las experiencias con modelos de regulación legales de las drogas, en especial la mariguana. En los últimos años, la voluntad para la transformación de las políticas de drogas ha tomado un impulso sin precedentes en América Latina. En mayo de este año, la Organización de los Estados Americanos (oea) elaboró un informe, encargado por los jefes de Estado de la región, que incluía la legalización de la mariguana como una alternativa política. De acuerdo a este informe, sólo la mariguana mueve 141 mil millones de dólares en toda América.

A pesar de su postura favorable a la legalización de la mariguana, en su calidad de abogado, Leonardo Costa admite que el proyecto uruguayo en efecto se da de bruces con la Convención Única. No obstante, opina que la JIFE y la Convención Única «representan el paradigma total del prohibicionismo» y que Estados Unidos, debido a la experiencia de regulación de la marihuana en Colorado y Washington, está incurriendo en la misma violación. «O sea que Estados Unidos estaría hoy en una situación de incumplimiento frente a esa especie de policía de la cual él había sido el principal promotor», señala Costa. Sin duda en México, donde más de sesenta mil personas han muerto durante los últimos seis años en la guerra contra las drogas -apoyada, impulsada y financiada en parte por Estados Unidos-, los adeptos de la legalización podrán sumar algunos argumentos para respaldar un cambio de rumbo en el Congreso. De hecho, el ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada aplaudió la decisión uruguaya, convencido de que una iniciativa de regulación de la mariguana que se prepara en la Ciudad de México será aprobada en los próximos meses. También se sumó el respaldo del secretario general de la oea, José Miguel Insulza, que en julio, tras reunirse con el presidente Mujica manifestó que «Uruguay está en condiciones de transitar nuevos caminos».

Lo cierto es que Uruguay deberá resolver algunas contradicciones antes de convertirse en ejemplo. Como suele suceder, es necesario empezar por los problemas domésticos.

Hannah Hetzer, de la Drug Policy Alliance.

LA TRAMA MORAL

Desde su inicio, la conciencia prohibicionista recurrió al precepto de que cualquier cambio en la política vigente haría que el consumo de drogas ilegales se expandiera a extremos inimaginables. Sirven de ejemplo las declaraciones de Pedro Bordaberry, senador uruguayo del ala conservadora: «No está bien utilizar a otros para experimentar. La falla de la teoría puede provocar daño psicológico a niños, aumentar la inseguridad, o meter por el camino de la droga a muchos».

Sin llegar a declaraciones tan comprometedoras sobre lo que la persona voluntariamente reprimida haría en el caso de no existir represión obligatoria, la opinión pública no parece demasiado convencida de los cambios a implementarse. Calzada dice que los uruguayos tenemos ciertas dificultades para encarar las innovaciones y que ese es un aspecto que nos juega en contra a la hora de hacer propuestas. «En todo el país la gente tiene una posición favorable en relación a la ley que posibilitó el matrimonio igualitario, lo mismo sucede con la ley que hizo posible el aborto. Pero en lo que respecta a la mariguana, la posición no es tan unánime. En realidad a la gente mucho no le entusiasma el asunto», afirma.

En una encuesta de la consultora Cifra González Raga and Asociados, difundida en diciembre de 2012, el 64 por ciento de los entrevistados dijo estar en desacuerdo con el proyecto de ley para regular el cultivo y consumo de mariguana, mientras que el 26 por ciento expresó que sí lo está y el 10 por ciento restante no opinó.

En Montevideo, quienes están de acuerdo con la legalización se autoconvocan desde 2005 en la Marcha Mundial por la Mariguana que se celebra anualmente el segundo sábado de mayo en todo el mundo. El Movimiento por la Liberación del Cannabis surgió en 2007, y aprovechando dicho evento, organiza recitales y fumatas colectivas, además de escribir comunicados de prensa y proclamas que sostienen que «las campañas preventivas se aseguraron de que en la sociedad prevalezca el concepto de que el uso de drogas siempre es problemático y se hace la vista gorda frente a decenas de miles de uruguayos que consumen cannabis y llevan una vida normal».

De cualquier modo, no deja de ser extraordinaria la evolución que ha adquirido la temática a nivel mundial, cuando uno recuerda la tempestad de críticas que recibió hace años el economista Milton Friedman al defender la legalización de las drogas y predecir el fracaso de la política de represión en la que los gobiernos llevan gastados miles de millones de dólares. Tan extraordinaria que el presidente uruguayo José Mujica, ex guerrillero de la izquierda más dogmática y moralista en relación a las drogas en tiempos pasados, defendió recientemente el proyecto en CNN, invocando el ascendiente del propio Friedman: «Nosotros estamos convencidos de que ésta es una guerra desigual, en la que se gasta cada vez más plata. Los presos por este asunto cuestan 30 millones de dólares. El conjunto de aparatos que se mueven en este pequeño país deben costar 80 o 90 millones de dólares globalmente. Lo más grave es que cada vez la gente paga más y cada vez se consume más, y ahí no está lo peor, lo peor es el narcotráfico, que como decía (Milton) Friedman, habiendo una demanda, aparece quien la cubre y ese que la cubre es como un empresario de alto riesgo, utiliza todos los métodos porque tiene asegurada una tasa de ganancia enorme».

El resultado de la política represiva con respecto a las drogas es que ahora resulta difícil imaginar otra salida que no sea la tendencia a liberalizar, por lo menos en el caso de la mariguana. En ese camino vienen otros países latinoamericanos como Chile y México, y de acuerdo a la opinión de Vitore Maximiano, presidente de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas de Brasil, dicho país observa con «mucha curiosidad y atención» el experimento uruguayo sobre regulación del mercado de la mariguana, calificando la iniciativa como «muy audaz».

No es preciso cambiar del día a la noche, pasando de la tolerancia cero a la tolerancia infinita. Caminos progresivos, variables, diferenciados para cada país y para distintos tipos de drogas son convenientes. Como dice el español Antonio Escohotado, ensayista y profesor universitario, verdadero gurú filosófico de la liberalización de las drogas, «lo esencial es pasar de una política oscurantista a una política de ilustración, guiados por el principio de que saber es poder y de que el destino de los hombres está en el conocimiento».

El presidente uruguayo José Mujica espera que con la regulación de la marihuana disminuya la violencia en Uruguay.

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