Icono del sitio Esquire

Ernesto Zedillo y el caso Acteal

Ernesto Zedillo y el caso Acteal

Ernesto Zedillo y el caso Acteal

Cada año, tres días antes de Navidad, en la ermita católica de Acteal, Chiapas, hombres y mujeres tzotziles vestidos en trajes tradicionales -ellas en falda oscura de lana y rebozo blanco con bordados rojos y morados; ellos en traje de manta, capa negra de lana y rebozo rojo amarrado al cuello- se reúnen a honrar a los 45 hombres, mujeres y niños que en 1997 fueron asesinados mientras ayunaban y oraban por la paz de la región. Entre los asistentes hay madres que lloran a sus hijos, viudas, huérfanos, hermanos de los muertos y algunos sobrevivientes que aún tienen el recuerdo vivo.

En septiembre de 2011, en esa ermita se realizó no un homenaje a los fallecidos sino una asamblea, como dictan los usos y costumbres de los tzotziles. Aquella vez no hubo discursos, ni cantos, ni cruces con los nombres de los niños de hasta cuatro años que murieron el 22 de diciembre de 1997. Tampoco hubo oraciones, ni exigencias de justicia a las autoridades. El orden del día se limitaba a una sola pregunta que los asistentes se hacían: ¿estaban entre ellos los hombres y las mujeres que de manera anónima habían demandando a un ex presidente mexicano en otro país?

Los asambleístas eran miembros de Las Abejas, una asociación civil de católicos tzotziles del municipio de Chenalhó. Muchos habían estado presentes en la matanza ocurrida hace 15 años.

Ese día de 2011, según testimonios, había confusión en el ambiente. Antes de que se diera una respuesta hubo muchos cuestionamientos. De qué se trataba esa demanda. Por qué se había presentado en Estados Unidos y no más cerca. Por qué sólo contra Ernesto Zedillo Ponce de León. En su lengua o en un español entrecortado, Las Abejas preguntaban a sus dirigentes si ese proceso legal los perjudicaba y si, por el hecho de que alguien exigiera una compensación económica, no habría otro tipo de castigo para los responsables, algo que ellos reclamaban desde hace años. Pero sobre todo se preguntaban el motivo por el cual alguien pedía dinero como recompensa por una masacre que dejó familias y un pueblo destrozados.

Finalmente, Las Abejas supieron que entre las personas ahí reunidas no estaban los demandantes de Zedillo, que solicitaban a una corte estadounidense un juicio en contra del ex mandatario por considerarlo responsable de los hechos ocurridos en Acteal, así como el pago de 50 millones de dólares.

«Ellos [Las Abejas presentes en la asamblea] dijeron que no, que no eran ellos [quienes habían puesto la demanda]. Nosotros queremos que se haga la justicia concreta, que se encarcele a los autores materiales e intelectuales», cuenta Rosendo Gómez, dirigente de Las Abejas.

Tras la asamblea, el grupo emitió un comunicado y quienes lo encabezan aparecieron en un programa de radio comunitaria para informar que no eran ellos los demandantes anónimos. «Para nosotros no existen esas personas que pusieron esa demanda porque están ocultando sus nombres. Nosotros no ocultamos nuestro rostro para manifestar, para denunciar las violaciones de los derechos humanos […] Ni un sobreviviente ha llegado hasta Estados Unidos a presentar esa demanda […] Todo lo que sucedió en esa masacre no se puede cambiar por dinero», dijo en el programa uno de los líderes de la asociación.

Cuando acabó su sexenio en diciembre de 2000, el ex presidente Zedillo se fue de México. Desde entonces es académico en la prestigiosa Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Fue allá, en septiembre de 2011, donde se presentó una demanda civil en su contra.

La teoría de los demandantes es que el gobierno de Zedillo permitió, promovió y armó a grupos paramilitares en Chiapas para contraatacar al levantamiento zapatista iniciado en ese estado en 1994. Uno de esos grupos paramilitares fue el responsable de la matanza de Acteal.

Los demandantes son cuatro hombres y seis mujeres anónimos, a los que el expediente judicial identifica como John y Jane Doe. La única cara visible son los abogados que los representan y que se dedican a asuntos corporativos en Miami, Florida, en apariencia sin ningún lazo con Acteal ni con México.

Sus peticiones: la declaratoria de culpabilidad de Zedillo por acciones asociadas a la planeación, encubrimiento y ejecución de la masacre de Acteal, y una compensación monetaria de 50 millones de dólares, algo así como 650 millones de pesos.

La demanda contra Zedillo -que desde que dejó su cargo ha guardado distancia con el país, física y políticamente- fue una sorpresa.

En 2011, como ahora, el país estaba envuelto en una violencia que entonces se calculaba que había dejado 50 mil o más muertos. Los 45 indígenas tzotziles asesinados en Acteal parecían una anécdota del pasado superada en tamaño e igualada en brutalidad por muchas otras de sangre fresca; un ejercicio previo, un antecedente de la crueldad y el salvajismo del momento.

A alguien, además de Zedillo, le tenía que preocupar esta demanda, y ese alguien era el presidente en turno. Una resolución contra Zedillo, coincidían en aquel momento analistas nacionales y extranjeros, abriría la puerta para juzgar a mandatarios mexicanos en Estados Unidos por delitos cometidos en su propio país y dada la situación, sentaría un precedente que podría ser usado luego en juicios contra Felipe Calderón cuando hubiera dejado el cargo.

«Sería el detonador para que diversas ONG, grupos defensores de derechos humanos, familiares de las víctimas y ciudadanos en general puedan interponer demandas en contra del presidente […]», decía una editorial del portal sinembargo.com.

Pero sobre todo, la lógica política decía que alguien debía estar detrás de los 10 indígenas tzotziles que presentaban la demanda millonaria. El primer sospechoso era el enemigo número uno de Zedillo, su antecesor Carlos Salinas de Gortari.

El 22 de diciembre de 1997, un grupo aproximado de 350 indígenas tzotziles del grupo católico pacifista Las Abejas llevaban días reunidos en oración en la ermita del campamento Los Naranjos, en Acteal, una comunidad chiapaneca donde vivían unas 400 personas. Muchos de los fieles eran desplazados a causa de la violencia y habían cumplido tres días de ayuno, rezando a favor de la paz en la región.

Casi cuatro años antes se había levantado en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La zona, conocida como Los Altos de Chiapas, estaba dividida en grupos zapatistas, priistas, pacifistas -casi todos miembros de Las Abejas- y, más recientemente, paramilitares asociados a los priistas. Los conflictos resultaban en enfrentamientos constantes. Los desplazados sumaban miles y los muertos otros cuantos.

Poco después de las 9 de la mañana -o de las 11, según otros reportes-, quienes estaban dentro de la ermita escucharon disparos. Venían de todas direcciones. Cada tiro se oía más fuerte y más cerca. Los fieles corrían tratando de huir. Algunos llegaron hasta la escuela, otros se escondieron en la maleza, en alguna zanja, unos más fueron rumbo al río, únicamente para toparse con más paramilitares.

Los atacantes eran hombres vestidos de negro y azul oscuro con los rostros cubiertos por paliacates, armados con revólveres, rifles, machetes y AK-47. Tanto agresores como víctimas eran indígenas. Unos y otros hablaban tzotzil. Pero solo unos -los de negro y con paliacate- disparaban, mientras que los otros corrían tratando de esquivar las balas. Al menos esa es la versión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y de Las Abejas.

El intelectual Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, ha sostenido la teoría del enfrentamiento, según la cual se trató de una batalla entre grupos y no de un ataque.

De una u otra manera, el resultado fue aterrador: dos horas de tiroteo y 45 personas muertas, entre ellas 18 niños y cuatro mujeres embarazadas.

Los testimonios de los sobrevivientes eran desgarradores. «Había una mujer embarazada… y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer», declaró Alberto, de acuerdo con un reporte del Frayba en el que los testigos no proporcionaron sus apellidos.

Unos días después de la masacre, el 4 de enero, el semanario Proceso hizo público el Plan de Campaña Chiapas, elaborado a finales de 1994, con las tácticas y estrategias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acabar con el EZLN. Según el documento, el objetivo de los militares era lograr la paz, para lo que buscarían destruir al EZLN, romper sus lazos con la sociedad civil y organizarla en su contra, así como censurar a medios de comunicación y limitar los «actos negativos» de los grupos de derechos humanos.

Las operaciones militares contemplaban el uso de grupos paramilitares en Chiapas. El Plan de Campaña hablaba de «organizar secretamente a ciertos sectores de la población, entre otros a grandes y pequeños propietarios e individuos con alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones… [Proveer] adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otros grupos paramilitares… En el caso de no existir fuerzas de autodefensa es necesario crearlas».

Cables de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos de 1997 y 1999, desclasificados en 2009, confirman que ese país recibió reportes de sus agregados militares en México, en los que informaban que grupos indígenas armados que llevaban a cabo ataques en comunidades prozapatistas recibían apoyo militar desde mediados de 1994. Estos cables señalan que una red clandestina de inteligencia humana, creada en ese año, operaba en comunidades indígenas para reunir información sobre simpatizantes zapatistas. Asimismo, para promover a los grupos armados antizapatistas, la red ofrecía entrenamiento y protección en caso de arrestos policíacos o militares.

Algún recuerdo tiene Roger Kobert de haber visto, a finales de los años 90, la noticia de una masacre en un pueblo chiapaneco llamado Acteal. No volvió a escuchar el nombre del pueblo hasta 2010 cuando, dice en entrevista telefónica, unos abogados mexicanos que se mantienen en el anonimato lo contactaron en su oficina de Miami, Florida, para proponerle demandar al ex presidente Zedillo por aquella matanza.

Kobert afirma que cuando escuchó la historia le pareció devastadora: «Esa gente, niños, mujeres embarazadas, toda esa gente siendo masacrada en su iglesia durante un encuentro de oración. No puedo pensar en un acto más horrendo y monstruoso. Enterarme después de que todo fue un acto cínico del gobierno que trató de adjudicárselo a una insurgencia vagamente relacionada. Rompe el corazón. Es el tipo de cosas que debe motivar a cualquiera a tratar de ayudar».

Con su compañero de despacho, Marc Pugliese, investigaron el caso y evaluaron las posibilidades de éxito en una situación que resume así: representar a 10 sobrevivientes -viudos y huérfanos- de Acteal en la demanda a un ex mandatario por un caso ocurrido una década y media atrás. «Mi colega se reunió con los demandantes, los entrevistó, les explicó la naturaleza de la demanda y lo que podíamos hacer por ellos. Hicimos mucha investigación legal y decidimos presentar la demanda. Lo demás es historia», dice Kobert.

Kobert no habla español ni ha estado en Chiapas. Sus clientes hablan tzotzil y no conocen Miami.

En las morgues de Estados Unidos, a los muertos no identificados se les llama John o Jane Doe. En la demanda presentada en Connecticut, los sobrevivientes de Acteal usan el mismo seudónimo y se enumeran del 1 al 10. Cuatro Janes y seis Johns. Todos tzotziles. No hay nombres ni apellidos, sólo algunos detalles. Jane Doe 1, 2 y 3 son hermanas, huérfanas de padre y madre, ambos muertos en la masacre. John Doe 1 quedó viudo de la madre de John Doe 2, 3 y 6, que además resultaron lesionados. Los 10 estuvieron presentes en la matanza.

El abogado dice que antes de presentar la querella les preguntaron si querían usar sus nombres. Explica que temieron a las represalias y pidieron no hacerlo. «Tenemos denuncias muy serias contra un hombre que al menos en algún momento fue muy poderoso. Habrá gente que se sentirá ofendida. Uno no sabe lo que la gente siente cuando es indígena, pobre de Chiapas [y está actuando] contra los poderosos», dice Kobert justificando el anonimato.

Estos 10 chiapanecos responsabilizan a Zedillo de sus lesiones, de su dolor y de su sufrimiento. Ante las cortes estadounidenses lo acusan de haber ordenado y conspirado para crear, entrenar y proteger a grupos paramilitares para matar, torturar y cometer crímenes de lesa humanidad, todo de la mano del Ejército.

Aunque Kobert dice que no hay juicio sencillo, no todos los días se demanda al ex presidente de un país por 50 millones de dólares en representación de Johns y Janes Doe. La primera posibilidad del contraataque de Zedillo, según Kobert, era que jugara la carta de la inmunidad diplomática y que eso aniquilara el juicio antes de que se discutiera en una corte si tenía o no responsabilidad en esos hechos.

Recién presentada la demanda, Zedillo y su abogado pidieron al juez federal Alvin W. Thompson, un egresado de la Universidad de Yale designado juez por el entonces presidente Bill Clinton, al que le fue asignado el caso, que desestimara el juicio precisamente por motivos de inmunidad diplomática, y que para eso solicitara al Departamento de Estado una opinión.

En documentos de la corte en poder de Esquire, el ex presidente mencionó que el gobierno mexicano había enviado una carta al Departamento de Estado para solicitar que la opinión fuera a favor de su inmunidad. El gobierno mexicano no hizo pública la misiva. Los medios nacionales la buscaban y los columnistas hablaban de lo inusual de que el gobierno intercediera por un ex mandatario y lo ocultara.

El periodista Carlos Puig escribió en su columna en el periódico Milenio del 15 de enero de 2013, que en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, «tenía en su escritorio los reportes cotidianos de cómo iba la demanda que contra Ernesto Zedillo había interpuesto un grupo anónimo de víctimas de Acteal». Poiré, continúa Puig, también tenía en su escritorio una denuncia presentada por ciudadanos mexicanos contra Calderón en la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Más tarde se supo que la carta al Departamento de Estado la firmó el entonces embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, no el canciller ni el presidente, un acto por demás inusual.

En septiembre de 2012, un año después de interpuesta la demanda, el Departamento de Estado envió su opinión al juez Thompson: Zedillo gozaba de inmunidad por tratarse de actos realizados en su calidad de jefe de Estado, por lo que no podía ser llevado a juicio en Estados Unidos por actos cometidos cuando fue presidente de un país, a pesar de que ahora sea residente estadounidense.

Aun así, la demanda no fue desestimada por el juez Thompson porque las víctimas presentaron un amparo en México contra la carta del embajador quien, alegan, fue más allá de sus facultades.

Ningún presidente mexicano en las últimas décadas ha gozado de una reputación tan buena entre la comunidad internacional como Ernesto Zedillo. Argumentos hay muchos: Zedillo acabó con el régimen priista de 70 años; abrió a México a la democracia; no dejó al país endeudado o en crisis; cargó con el lastre financiero que le dejó la administración anterior, y metió a la cárcel al hermano corrupto de su antecesor Carlos Salinas de Gortari.

Hoy, Zedillo es miembro de grupos como el Consejo InterAcción, prestigiosa asociación de ex jefes de Estado que hace recomendaciones en temas de interés mundial, y de la Comisión Global de Políticas de Drogas, donde comparte créditos con César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso en la petición para replantear la estrategia mundial sobre estupefacientes.

Recientemente fue incluido en el grupo de líderes mundiales The Elders, fundado por Nelson Mandela para promover la paz, la justicia y los derechos humanos, dirigido por Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas (ONU). Es miembro del consejo de administración de empresas transnacionales como Prisa, Procter and Gamble y Citigroup, y de la Fundación Bill and Melinda Gates.

Su abogado para el caso Acteal, Jonathan Freiman, egresado y ex maestro de Yale, universidad a la que Zedillo está afiliado, presume los reconocimientos que su cliente ha recibido desde que dejó la presidencia: Premio Democracia y Paz del Instituto de las Américas y Premio Franklin D. Roosevelt Freedom from Fear, ambos por su trabajo por la democracia mexicana. «Como dijo el presidente Bill Clinton en el Foro Económico Mundial de 2004 en Davos, Suiza, la reforma democrática que impulsó el presidente Zedillo es uno de los grandes actos de Estado en la historia de la democracia moderna«, escribió Freiman a Esquire en un correo electrónico.

Pero según su antecesor, Salinas, Zedillo es el hombre que traicionó al país, y sobre todo, lo traicionó a él, quien le regaló la presidencia luego que su elegido, Luis Donaldo Colosio, fuera asesinado en Tijuana el 23 de marzo de 1994.

Durante el zedillismo, Salinas se refugió en Irlanda, país sin tratado de extradición con México, de donde volvió casi al final del sexenio. Desde entonces, ha dedicado capítulos enteros de sus libros a atacar al gobierno de Zedillo, al que llama «el primer gobierno neoliberal». En su libro La década perdida, título con dedicatoria para su sucesor, dice que éste no dio seguimiento a las reformas que él había iniciado y que el país requería, y que mientras Estados Unidos -y el mundo- tenía un crecimiento económico no visto en mucho tiempo, México no supo aprovecharlo y terminó con una economía enferma que inició con la devaluación de diciembre de 1994.

Salinas le reclama a Zedillo haber actuado contra su hermano Raúl, encarcelarlo con pruebas que, dice, estaban amañadas y con testigos falsos. «Los neoliberales se especializaron en ir contra el pasado… No se buscó justicia, sino que se trató de una venganza, quienes la promovieron no coadyuvaron a esclarecer el pasado, sino a enturbiar el futuro», escribió Salinas.

Zedillo, con su estilo más sobrio y de poca confrontación, poco o nada responde a los ataques de Salinas.

Desde la masacre de Acteal, Las Abejas, con ayuda del Centro Frayba, han estado al frente de la exigencia de que se halle y castigue a los responsables de la matanza. De los 80 sentenciados, en su mayoría indígenas, 36 han sido liberados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que habían sido condenados con pruebas obtenidas ilegalmente y con testimonios fabricados por la fiscalía. Siguen detenidos 29 presuntos autores materiales, y 15 años después hay 27 órdenes de aprehensión sin ejecutar. Quince servidores públicos de bajo nivel, como el coordinador de asesores de la policía estatal o agentes policiacos, recibieron sentencias que iban de ocho años de prisión a la inhabilitación en el cargo. Sólo el alcalde de Chenalhó fue condenado a 36 años de cárcel. Los sobrevivientes de la masacre y los familiares de las víctimas no han recibido ningún tipo de reparación del daño.

En 2005, cansados de la falta de resultados, Las Abejas interpusieron una queja contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia fue admitida y está en la etapa de estudio de fondo, en la que las partes deben presentar informes y pruebas. La Comisión podría emitir una recomendación al Estado mexicano y en última instancia llevar el caso a la Corte Interamericana.

Rubén Moreno, abogado del Frayba, me explica que en primer lugar piden a la Comisión Interamericana que declare que hay impunidad y falta de investigación, pero también que el gobierno tuvo responsabilidad en la masacre. «Hay una acción que hizo el gobierno a través de la creación de los paramilitares, el entrenamiento de los paramilitares, y una omisión porque de todos los acontecimientos que se les dio a conocer a las autoridades no hicieron nada para evitar lo que pasó», dice Moreno.

La teoría es igual a la de los demandantes en Estados Unidos. «El responsable es el Estado mexicano, las autoridades [responsables] que estuvieron en funciones en el momento de la masacre», agrega.

Pero Las Abejas no piden dinero, dice Moreno, sino sanciones para los culpables.

Rosendo, que tenía 17 años en 1997, había terminado la secundaria y se había ido a buscar trabajo en la siembra de café cuando ocurrió la masacre. Conoce a detalle el expediente, la demanda en la Comisión Interamericana y a muchos de los sobrevivientes. Su cargo de dirigente de Las Abejas es un honor, no un trabajo. Me explica que está de acuerdo con que Zedillo debe ser responsabilizado de la matanza. En lo que no concuerda es en la forma en que lo piden los demandantes en Estados Unidos.

-¿Le gustaría que hubiera un juicio en su contra? -le pregunto.

-Claro que sí, un juicio con sentencia, no donde pagara dinero -responde.

Cuando pudieron ver la demanda presentada en Estados Unidos, la primera sorpresa para Las Abejas fue la existencia de un informe de la Fiscalía Especializada de los Delitos de Acteal creada en 2007 por el gobierno de Chiapas al que ellos no habían tenido acceso. Los demandantes en ese país dijeron que lo presentarían como prueba.

«Esa fiscalía a nosotros no nos daba acceso para conocer los resultados de la investigación. Se tuvo que presentar un amparo para que nos dieran acceso y conocer cuáles eran los avances», cuenta Moreno. ¿Quién y cómo se lo entregó a los abogados estadounidenses? Para él es parte del misterio.

El informe señala como responsables a Zedillo, su secretario particular Liébano Saénz y el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro. «Correspondió a esta fiscalía probar que este trágico resultado le es atribuible al ex presidente Ernesto Zedillo toda vez que era evitable y que como titular del ejecutivo federal tenía el deber jurídico de evitarlo», dice el informe. «Su responsabilidad en el encubrimiento y fabricación de culpables para ocultar su propia responsabilidad es indiscutible», concluye.

La gran revelación del documento es la declaración de quien era secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, que en 2012 volvió al gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto como secretario de Educación.

El día de la matanza, Chuayfett recibió la noticia desde Chiapas. De inmediato, según el informe de la fiscalía, le avisó al presidente, quien ya había sido notificado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Zedillo estaba en Los Pinos grabando un mensaje navideño. Todos, incluido él, sabían que en el municipio de Chenalhó había desplazados, violencia, grupos paramilitares, dijo Chuayfett. Lo sabían por el gobernador, por los pobladores, y por una carta del obispo Raúl Vera. El informe deja entrever la posibilidad de que Zedillo se hubiera enterado de la matanza mientras ocurría y no la hubiera parado.

Pasó un día antes de que el presidente le hablara al país, y cuando lo hizo defendió al Ejército. En un mensaje televisivo dijo: «Las fuerzas armadas no caerán en provocaciones de quienes quieran ver al Ejército mexicano reprimir brutalmente a los indígenas para satisfacer su perverso propósito de alimentar el conflicto y la división […] encontrarán un Ejército templado en la firmeza, pero también en la prudencia: uno templado en el arrojo, pero también en la serenidad».

En 2011, Chenalhó, el municipio al que pertenece Acteal, tuvo ingresos por 107 millones de pesos, unos 8 millones de dólares. Los demandantes de Zedillo piden seis veces el presupuesto anual del municipio, 50 millones de dólares.

Para Las Abejas es imposible siquiera imaginar ese dinero junto. Pero aún más difícil es pensar que a alguien de Acteal, donde el promedio escolar es de cuarto de primaria, se le haya ocurrido pedir al ex presidente esa cantidad, buscar a un abogado, contactar a otros en el extranjero.

Le pregunto a Kobert por qué pedir dinero a alguien a quien consideran un asesino. La pregunta le sorprende. ¿Por qué más lo iban a demandar si no es por dinero? Quizá es un asunto cultural, me explica. «Ninguna corte en Estados Unidos tiene el poder de regresarle la vida a los muertos. El único remedio legal de nuestro sistema es algún tipo de compensación y el remedio es dinero. Hicimos una demanda, le teníamos que poner un número y fueron 50 millones de dólares».

De haber una sentencia contra Zedillo para que pagara, el despacho de Kobert recibiría una parte, aunque no revela cuánto: «Somos una práctica privada que tiene motivos financieros. Tenemos que pagar nuestras cuentas. Ciertamente estamos buscando una recompensa económica». Asegura que hasta ahora su firma ha corrido con todos los gastos legales, en un país donde un juicio puede costar cientos de miles de dólares.

El líder de Las Abejas, que ocupa un puesto honorario considerado un servicio a la comunidad, dice: «Los sobrevivientes no pueden pagar el honorario de los abogados en los Estados Unidos porque ellos cobran una buena cantidad para hacer litigio en Estados Unidos. Es una pugna política».

Algunas columnas de opinión en México también dudan que el asunto sea de dinero y especulan que más bien se trataría de una vendetta. Aunque hasta donde se sabe Zedillo no es un hombre rico, renunció a su dieta de ex presidente y vive de su salario como académico de la Universidad de Yale, donde es director del Centro para Estudios de Globalización, y de lo que recibe como miembro de los consejos de administración en los que participa.

La televisora estadounidense Univisión encontró una conexión entre Kobert y Salinas. El socio de Kobert, Pugliese, es amigo de Gustavo García-Montes, representante legal en Miami de Juan José Salinas, sobrino del ex presidente, y de Juan Collado, el abogado que defendió a Raúl Salinas.

«No conozco a ese tipo. No conozco a Salinas. No conozco a Juan Collado. Punto. Si yo te conozco a ti y tú conoces a alguien y ese alguien a otro y a otro… esa relación es ilógica», dice Kobert. Collado no respondió a peticiones de entrevista.

Kobert asegura que no tiene agenda oculta y que le sorprenden todas las especulaciones y teorías de conspiración alrededor del tema. «Mi teoría favorita, que la vi en algún artículo, es que en realidad Calderón nos contrató para demandar a Zedillo sabiendo que se desecharía por inmunidad y más tarde Calderón podría alegar que él también tiene inmunidad. Tengo que aplaudir su creatividad».

En aquella reunión de 2011 en la ermita de Las Abejas, cuando preguntaron si ahí se encontraban los demandantes, estaban los Luna. Mariano quedó viudo en la masacre. Su sobrina, Ernestina Pérez Luna, huérfana. Su sobrina Zenaida, huérfana y casi ciega. Mariano y sus hermanos, Nicolás y Vicente, son agricultores y se hacen cargo de las mujeres, dice Rosendo. Los hombres son quienes van a las asambleas.

Los Luna aparecen citados en el informe de la fiscalía estatal que se presentó en la corte de Connecticut. Ver sus nombres en un reporte que desconocían levantó sospechas entre Las Abejas que no habían sido llamados a declarar. Por qué, cuándo y a petición de quién los Luna habían declarado. «Ellos mismos [los Luna] dijeron, ¿quién habrá ocurrido sacar ese nombre?«, dice Rosendo, pero aceptaron haber declarado.

Sobre la querella en Connecticut, los Luna aseguraron que no sabían nada, que ellos no eran los demandantes anónimos. Un mes después de que el gobierno de Estados Unidos opinara sobre la inmunidad de Zedillo, a un juzgado mexicano llegó una demanda de amparo contra la petición de inmunidad diplomática para el ex presidente hecha por el gobierno mexicano. Ernestina, Zenaida y Mariano eran los demandantes. (Kobert no niega ni confirma si son sus clientes.) El abogado que los representa tiene los mismos apellidos que Ernestina. Un segundo abogado, Agustín López Padilla, presentó una opinión jurídica del caso a favor de los demandantes. En su página de internet, López Padilla presume entre sus clientes a priistas como el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y a Juan Collado. López Padilla no respondió a peticiones de entrevista.

Cuando Rosendo escuchó los nombres de quienes promovieron el amparo le volvieron las dudas. Ya estaba seguro de que entre Las Abejas no estaban los demandantes. Tampoco se había visto en el pueblo gente extraña, ni extranjeros, ni abogados que pudieran tener algo que ver. «No pensábamos nada en e

Salir de la versión móvil