La señora María Erenia López se sorprendía el lunes 15 de diciembre por la tarde con la noticia: “¿Las liberaron? ¿De verdad?”. Se enteró mediante la llamada de este reportero que el juez había ordenado la liberación de su hija, Cinthia Estéfani Nava López, de 20 años, y Patricia Campos Morales, ambas presas desde el pasado 14 de agosto en el penal federal de Tepic, en Nayarit, por un supuesto delito de acopio de armas y otro de posesión de cartuchos de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Habían sido capturadas tras los hechos violentos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas y por los cuales siete militares se encuentran en prisión bajo cargos de homicidio calificado, encubrimiento y abuso de autoridad.
La semana pasada, en su casa, la señora López contaba que Cinthia estaba mejor, más animada. Hablaba con ella cada semana, cuando llamaba de la cárcel, aunque hacía cuatro meses que no la veía. La última vez había sido la primera semana de agosto, cuando la retuvo la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México. El 13 de agosto, a las ocho de la mañana, se preparaba para volver a la capital, a visitarla, cuando recibió una llamada suya: “No, mami, ya no vengas porque me llevaron a Tepic”. La señora López, que gana 1,750 pesos a la quincena limpiando calles y la escuela del pueblo donde vive, no podía viajar hasta allí. “Tengo que comprar pañales y leche para mi nieta”, dijo. Su nieta, la hija de Cinthia, apenas tiene dos años. Durante la conversación, la señora López insistió en que su hija le decía por teléfono que no tenía por qué estar allí. “A mi hija”, concluyó, “le hicieron confesar cosas que no eran ciertas”.
Ahora, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, ha decidido liberar a Cinthia y a Patricia después de que la PGR resolviera no presentar acusaciones contra ambas.
El pasado domingo 30 de junio, de madrugada, una patrulla del 102 batallón de infantería del ejército se enfrentó con un grupo de supuestos delincuentes en una bodega en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Según la versión castrense, 22 delincuentes murieron en el intercambio de disparos. El parte del ejército informaba además de la liberación de tres mujeres, supuestamente secuestradas por el grupo -Cinthia, Patricia y una mujer a quien Esquire nombró Julia para proteger su identidad-, y la incautación de armas largas y cortas. Funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) trasladaron a las mujeres a Toluca, donde las interrogaron. En los días posteriores la PGR atrajo el caso y se llevó a las tres mujeres a la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Allí las volvieron a interrogar y la PGR decidió arraigar a Cinthia y Patricia.
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Después la PGR decidió consignar a Cinthia y Patricia al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales del Estado de México, y solicitó orden de aprehensión contra ellas. En el auto de formal prisión decretado por el juez, al que Esquire tuvo acceso, se argumentaba que las mujeres eran cómplices del grupo. Después del enfrentamiento en la bodega en que murieron 22 presuntos delincuentes, según el parte de los soldados recogido en el documento, ambas aparecieron escondidas al fondo del local, gritando que estaban secuestradas, cerca de un cobertor azul y beige lleno de armas (11 cortas y tres largas, cinco cargadores para armas cortas, cuatro para armas largas). Cuando les preguntaron qué hacían allí, se quedaron calladas. Julia, la tercera sobreviviente, en su declaración a la PGJEM el día 1 de julio -entrevista recogida igualmente en el auto de prisión- dijo que tanto Cinthia como Patricia convivían familiarmente con el grupo. En entrevistas con funcionarios federales aparecidas en el documento, tanto Cinthia como Patricia llamaron por su apodo a algunos de los miembros del grupo armado y hacen constar que llevaban varios días con ellos. En el documento se consideraba que, durante el enfrentamiento, las armas y los cartuchos que los soldados decían que habían encontrado sobre un cobertor estaban dentro del radio de alcance de Cinthia y Patricia. El juez las mandó a la cárcel de Nayarit el 14 de agosto.
Un mes más tarde de aquello, el 17 de septiembre, Esquire publicó el testimonio de Julia, sobreviviente del hecho y quien señaló que el enfrentamiento había concluido con unos cuantos heridos y que la mayoría de los civiles se habían rendido. Afirmó que los militares ingresaron a la bodega y mataron a los supervivientes.
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Semanas más tarde, el 6 de noviembre, el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en el DF, mandó a la cárcel a siete de los ocho militares que integraron la patrulla aquella madrugada.
Sin embargo, Cinthia y Patricia seguían en prisión. Para sostener que ambas estaban en el “radio de acción” de las armas, el auto del juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales del Estado de México se apoyaba mayormente en el parte de los militares. Ahora esos militares estaban presos por cometer supuestamente delitos de mayor gravedad. El auto señalaba igualmente la declaración de la señora Julia ante funcionarios de la PGJEM. Sin embargo, esa entrevista, según el informe sobre el caso que había realizado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se había producido bajo presión y torturas psicológicas. Por último el auto se amparaba también en las declaraciones de Cinthia y Patricia ante funcionarios federales. La primera decía que había visto, en el día de lo ocurrido y previos, como entre integrantes del grupo intercambiaban droga y armas; la segunda apenas señalaba que aquella noche se quedó dormida junto a uno de los muchachos y que se despertó al escuchar disparos. Que entonces las ataron para simular que las habían secuestrado y así salvar la vida. Nada más.
En la primera semana de diciembre, la señora María Erenia López era consciente de todo esto y señalaba, además, las acusaciones que contenía el informe de la CNDH, divulgado el pasado 21 de octubre, que acusaba a funcionarios de la PGJEM de torturar físicamente y agredir sexualmente a Cinthia y a Patricia.
“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este Organismo Nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la PGJEM, en agravio de V24 y V25, y los tratos inhumanos en agravio de V23, mujeres que estuvieron presentes en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación”, señala ese documento.
La señora López dijo que en agosto un doctor había tenido que inyectar el antiinflamatorio diclofenaco a su hija para aliviar el dolor de los golpes que había sufrido en las instalaciones de la PGJEM, en Toluca. “Yo le preguntaba que por qué se ensañaron tanto con ella y ella decía que era porque le obligaban a decir cosas que no eran ciertas”, afirmó la señora López.
La señora López insistió en que su hija era inocente. Respecto a las acusaciones de que ella estaría ligada con presuntos delincuentes, afirmó que es falso y mostró un documento firmado por los profesores de la escuela donde ella trabaja como asistente de limpieza mediante el cual, afirma, se da fe de que su hija acudía a esa misma escuela todos los días, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para ayudarla. “Ya le digo”, insistió, “a mi hija la hicieron hablar cosas que no son ciertas”.