Desde hace unos días Quito sufre la tensión entre los indigenas y el gobierno del Ecuador. Esto es lo que tienes que saber sobre el conflicto en el país del sur.
Miles de indígenas avanzaron este miércoles sobre una militarizada ciudad de Quito en protesta contra los ajustes económicos que pactó el gobierno con el FMI y que encarecieron los combustibles, tras una semana de caos y disturbios en Ecuador.
Cientos de manifestantes marcharon en dirección al centro de la ciudad donde se encuentra la desocupada sede presidencial -ya que el presidente Lenin Moreno cambió la sede de gobierno a Guayaquil-, adelante grupos menos numerosos de estudiantes y trabajadores se enfrentaron a piedra y palos con la policía, que respondió con gas lacrimógeno.
Al principio los choques entre civiles y militares no alcanzaron a los indígenas, que a su paso recibían aplausos y bolsas de agua desde los balcones. «Nos tiene aquí la indignación ecuatoriana contra el paquetazo», señaló Gonzalo Espín, dirigente de los indígenas de Cotopaxi. «Mientras no desista, seguiremos aquí», advirtió.
SOBRE EL PAQUETAZO
El paquetazo es un término que se le dio a una serie de reformas ante la grave crisis política y económica del país, el mayor problema fue la eliminación del subsidio a los combustibles que tenía más de 40 años, los más afectados fueron los campesinos y los transportistas ya que la eliminación incluye el Diesel.
De acuerdo con la BBC “el país ha comenzado a ver los primeros efectos económicos de la crisis política: desabastecimiento de gasolina en algunas zonas del país, escasez de productos en mercados callejeros, especulación en el precio de alimentos y fletes, además de un aumento del precio del pasaje del transporte urbano en algunos municipios”.
El paquetazo es un ajuste que se hizo en acuerdo con el FMI para poder obtener créditos por 4.2 millones de dólares, para esto debían de reducir el déficit fiscal y recortar el gasto público, esto incluía el subsidio de las combustibles.
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LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
Las Fuerzas Armadas, movilizadas en el marco de un estado de excepción, se mantienen leales al gobierno. El presidente Moreno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia católica. Sin embargo, los indígenas y la población civil exigen como condición que el gobierno desista de eliminar los subsidios que condujeron al alza del precio del diésel y la gasolina hasta en 123%.
El presidente «está gobernando solo con las recetas del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras empresariales. Y es lo que rechaza el pueblo ecuatoriano», sostuvo el líder indígena Salvador Quishpe.
Moreno no quiere dar marcha atrás en su política, y ofrece a cambio liberar más recursos para los indígenas afectados por el aumento generalizado de precios que en teoría origina el alza de los combustibles.
Castigado por un alto endeudamiento y la iliquidez de su dolarizada economía, Ecuador pactó en marzo un programa de préstamos con el FMI que alcanza los 4.203 millones de dólares. Solo fue hasta la semana pasada cuando Moreno dio a conocer el lado más duro del ajuste que también prevé reformas tributarias, así como laborales que afectan a los empleados públicos. Los indígenas representan el 25% de la población ecuatoriana de 17,3 millones.
CIENTOS DE HERIDOS EN LAS PROTESTAS EN ECUADOR
El despliegue de los militares y la medida de excepción han sido insuficientes para contener la crisis, la más grave desde la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez en 2005.
El martes se produjeron nuevos y violentos enfrentamientos. Un grupo de indígenas alcanzó a ocupar el Legislativo antes de que fuera desalojado por los uniformados. A raíz de ello, el gobierno restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones estratégicas como ministerios, puentes y antenas de comunicación.
En la primera semana de manifestaciones la Cruz Roja atendió a 122 heridos en las manifestaciones. El gobierno también reporta unos 700 detenidos. Las protestas alcanzaron a la industria petrolera. Varios pozos en la Amazonia fueron ocupados por manifestantes, lo que generó una caída del 31% de la producción ecuatoriana, estimada en 531.000 barriles por día.
MORENO VS CORREA
Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y exaliado Rafael Correa. Según el mandatario, Correa intenta derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. En el centro de una ofensiva diplomática y económica, Maduro se burló al señalar el martes que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote.
En Bélgica, Correa explicó que sería candidato si es necesario tras plantear el adelanto de elecciones ante la que describe como «grave conmoción social». El exmandatario vive en ese país de donde es su esposa. Correa, que enfrenta una orden de captura en Ecuador por un delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas, negó sin embargo que esté alentando el golpismo.
Lo cierto es que «tenemos un problema muy serio de desajuste de la economía. Los precios de los combustibles es (un tema) muy complejo que ningún gobierno lo ha tocado en 15 años. Si es que el gobierno cede, se verá obligado a endeudarse mucho más», señaló a la AFP Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). El aumento pasó de 12 pesos por litro a 15 pesos por litro.
Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno.
LAS MOVILIZACIONES SOCIALES EN QUITO
Varios miles de indígenas y campesinos de Ecuador comenzaron a marchar este miércoles en Quito contra el ajuste económico del gobierno y bajo un fuerte dispositivo de las fuerzas de seguridad.
La esperada marcha de los indígenas avanza por las calles de una ciudad militarizada y semiparalizada. Mujeres con palos van al frente de la movilización contra la eliminación de los subsidios de gasolina y el consecuente aumento de los precios.
A la marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se anticipó otra de trabajadores y estudiantes, que con banderas de la izquierda chocaban contra uniformados a unas cuantas cuadras de la desocupada casa presidencial. «Queremos que esas medidas se deroguen para dar tranquilidad al pueblo», dijo a la AFP el dirigente César García, de 52 años.
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