Leonid Arreaga, el único antropólogo forense de Guerrero

 
 

Por: David Espino

 

Leonid recuerda el momento exacto en que vio a Paola. No supo su nombre sino hasta muchos días después. La vio casi en los huesos, los ojos ausentes, deshabitados. La vio porque sus compañeros le dijeron que habían descubierto a tres mujeres y querían su opinión sobre ellas. Leonid las observó con detenimiento. No pudo calcular su edad, pero supuso que apenas eran unas jovencitas.

 

Paola no vio a Leonid. Nunca lo vería ni lo conocería como él a ella. Sus ojos apuntaban al cielo y no lo miraban. No podían. Vestía una blusa blanca con la imagen de una manzana mordida y un contorno de lentejuelas plateadas. Encima se había puesto una sudadera gris y un pantalón de mezclilla. Toda la ropa que llevaba ese día le quedaba muy grande, como si fuera de su padre. Tenía una mueca que parecía una sonrisa, pero los muertos no sonríen.

 

Leonid llegó al lugar alrededor de las 10:00 de la mañana. Había recibido un oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde trabaja como perito, para que fuera a explorar una zona donde, según una denuncia, había una tumba clandestina. Ese 7 de julio de 2014 Leonid Arreaga Martínez, antropólogo forense de 31 años, conoció a Paola Yaretzi Carranza Salgado, estudiante de 15 años que desapareció en diciembre de 2013 y que fue hallada siete meses después, enterrada junto a dos mujeres y 11 cadáveres más que estaban esparcidos en cinco fosas.

 

 

 

Un cementerio

 

Para el día de julio en que hallaron a Paola y los otros 13 cuerpos en Ojo de Agua, Zumpango —a unos 20 minutos de Chilpancingo, la capital de Guerrero—, ya se había descubierto en diferentes municipios del estado un centenar de cadáveres enterrados en fosas clandestinas en el primer semestre de 2014. Esos datos me los dio Leonid, a pesar del médico Alberto Aguirre Puente, director regional del Servicio Médico Forense (SEMEFO), y muy a pesar de Edgar Lemus Delgado, asesor en medicina legal y forense del gobierno del estado. Con estos últimos platiqué más de dos horas y me dijeron que los rescates de los cadáveres se hacen con el debido respeto a la dignidad humana. Les respondí que había visto cosas distintas que me hacían disentir.

 

Recordé el día en que desenterraron a Paola. Cuando llegué con los funcionarios forenses ya la habían sacado a ella y los otros 13 cuerpos en Zumpango. Esos funcionarios habían desenterrado, en febrero de 2014, 25 cadáveres en Cerro de la Antena, en Taxco. En marzo, extrajeron otros cuatro cuerpos en un lugar conocido como Santa Teresa, en Iguala. En abril, nueve cadáveres más también en Iguala, en un sitio llamado Cerro Gordo. En mayo, otros 19 en un predio denominado Monte Horeb, en Iguala. Entre abril y mayo desenterraron 14 cadáveres en tumbas clandestinas en Acapulco, y aún en mayo sacaron seis en Chilpancingo y dos en Teloloapan. Si se suman estos números —excepto los 14 de Zumpango— el total es de 79 cuerpos rescatados.

 

Cuando Leonid realizó este conteo fue de acuerdo con los oficios que le llegan: “nueve, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más 14, más 25, más 19…”. Añadió otros 21 cuerpos de los que no supo precisar el número de narcofosas, ni la ubicación exacta. Así los fui anotando en mi libreta hasta que entre los dos sumamos los 100 cuerpos desenterrados en distintos puntos del estado. Pero eso sólo abarcaba de enero a mayo de 2014.

 

Ya no conté, por ejemplo, los 14 cuerpos de Zumpango entre los que apareció Paola. Tampoco los 38 cuerpos que desenterraron a principios de octubre, en medio de la alarma que provocó la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala el 26 de septiembre, y que en un principio se pensó que eran ellos. Ni otros 13 en el municipio de Zitlala, y uno más en Zumpango. De haberlos sumado, el total sería de 166 cadáveres desenterrados de fosas clandestinas hasta octubre de 2014 en todo Guerrero. Eso sin contabilizar los cuatro que se encontraron en Cocula a fines de octubre y que, al cierre de esta edición, no era una cifra definitiva.

 

En el mismo periodo de 2013, según un diagnóstico del SEMEFO que Edgar Lemus Delgado le envió al gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero bajo el título Operatividad del SEMEFO estatal, y al que tuve acceso, se habían hecho sólo 18 exhumaciones. Leonid me dijo después que 2013, en efecto, fue un año tranquilo. Aunque él tiene registro de seis más; es decir, que en 2013 se habrían desenterrado 24 cadáveres de fosas clandestinas.

 

El tamaño de los crímenes que las bandas del narcotráfico cometen en este estado se puede medir, en cierta forma, por la cantidad de cuerpos enterrados que son hallados en cualquier parte del territorio guerrerense. Desde 2010 las cifras aturden: en mayo de ese año se localizaron 54 cadáveres en una mina de Taxco, que fueron arrojados por un respiradero, y en noviembre se encontraron 18 cuerpos más en una huerta de cocos en Tunzingo, en Acapulco. Eran turistas michoacanos que fueron secuestrados.

 

Pero esto sólo es la punta del iceberg. El parámetro más certero para medir los crímenes es contar a los desaparecidos.

 

Cuando entrevisté a Leonid también platiqué con el odontólogo forense del SEMEFO de Chilpancingo, Emilio Gregorio Ayala. Emilio y Leonid tienen la misma edad y comparten la misma oficina pequeña en la morgue en cuya puerta se lee, en la parte superior: “Área de reconocimiento”. Ambos funcionarios han hecho centenares de entrevistas con familias que acuden a ellos para hablar de las señas que tienen sus parientes desaparecidos: tatuajes, lunares, malformaciones congénitas o adquiridas, detalles en la dentadura.

 

Emilio, de pocas palabras, hizo un recuento de los casos de desaparecidos que tiene registrados de enero a agosto de 2014. Abrió su computadora e inició: “52, más 36, más 72, más 37... dan 197 casos de desaparecidos”. El número aumenta a 240 con los 43 normalistas de Ayotzinapa

 

Luego les pregunté cuántas entrevistas hicieron con quienes acudieron para obtener información, por ejemplo, de los 54 cuerpos hallados en Taxco en 2010.

 

—Unas 300—respondió Emilio tras revisar sus archivos.

 

—¿Y cuántos cuerpos identificaron?

 

—Sólo nueve —respondió Leonid.

 

 

A pico y pala

 

Presencié la exhumación que se hizo en mayo de 2014 de las 19 osamentas en Monte Horeb, en Iguala. No muy de cerca, porque la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero tiene especial recelo con los reporteros, pero sí a unos 50 metros. La distancia necesaria como para ver que, cuando sacaban los restos, parecía que eran de cualquier cosa menos humanos. Pero lo eran. Llegamos por un camino de terracería cuyo polvo se alzaba ardiendo por el calor reseco de más de 35 grados. Pasaban de las 2:00 de la tarde y en las calles de las colonias que atravesábamos en esa parte de la periferia de Iguala no había nadie ni nada: ni niños corriendo, ni carros, ni perros. Sólo el polvo como una llamarada.

 

Metros antes de llegar vimos a marinos y policías ministeriales, peritos y miembros de Protección Civil estatal merodeando el lugar. También había policías estatales bebiendo agua y oyendo chistes de Polo Polo bajo un cirián, el único árbol en muchos metros a la redonda. En el tronco había clavado un letrero con mala ortografía: “Compre su terreno. Colonia Monte Oreb”.

 

Bajo la sombra del árbol dos perros jadeaban, muertos de sed. Llevaban gran parte de la mañana olfateando la zona. Los perros no estaban solos: tres policías estatales los cuidaban mientras oían los chistes de Polo Polo desde la camioneta de la corporación. Les llaman binomio canino. Los agentes reían como los niños que no encontramos en el camino.

 

Quisimos pasar hasta donde hacían las excavaciones, así que pretendimos que no los veíamos. El personal de Protección Civil cavaba a lo largo del predio de más o menos una hectárea. Ellos son los que hacen el trabajo duro.

 

“¡Hasta aquí, señores, hasta aquí!”, nos pararon los policías, apenas unos 10 pasos predio adentro, a unos 50 metros de donde se hacía la exhumación. Por el zoom de la cámara fotográfica alcancé a ver cómo trabajaban: picos y palas abrían la tierra con la fuerza y el descuido de quien cava una zanja de donde van a sacar un objeto o acaso un animal muerto, pero no un hombre o una mujer. No había espátulas, cucharillas, cepillos u otros instrumentos finos entre las herramientas. Un policía con sombrero de cazador caminaba con pesadez con una barreta al hombro, parecía que el sol de las 2:50 de la tarde también le pesaba en la espalda. Entregó la herramienta a uno de los hombres que escarbaba mientras otros metían huesos en unas bolsas rojas.

 

Las acciones empezaron desde temprano, a las 10:00. Las autoridades se presentaron después de que los vecinos de una colonia cercana a la Monte Horeb las alertaran de que habían visto a hombres removiendo la tierra. Además, ya había antecedentes en esta área de Iguala sobre actividades de grupos de narcotraficantes de la célula Guerreros Unidos. Un mes antes, el 17 de abril, nueve cadáveres fueron sacados de fosas clandestinas a un kilómetro de aquí, en un lugar llamado Cerro Gordo, en la colonia San Miguelito. Y el 27 de marzo, rescataron cuatro cadáveres de dos fosas en un paraje de la colonia Jardín Pueblo Viejo.

 

Tras ver la forma en que se realizaron los trabajos busqué a Víctor Flores Vela, director general de Sistemas y Normatividad de la Subsecretaría de Protección Civil del estado, para que me explicara los protocolos que se siguen a la hora de rescatar un cadáver de una fosa.

 

—No hay protocolos —dijo, sin pensarlo mucho.

 

—No están sacando huesos de vaca o de perro. Debe haber alguno.

 

—Se supone que nosotros sólo auxiliamos. Se supone que cuando hay una tumba clandestina en un lugar donde los peritos de la Procuraduría o los técnicos forenses no pueden llegar, porque está en una barranca profunda o porque hay un río de por medio, vamos nosotros. El problema es que ahora para cualquier lugar nos llaman. ¿Y sabe por qué?

 

—¿Tal vez porque no quieren hacer el trabajo rudo?

 

—Porque no quieren escarbar, porque no quieren sudar y nosotros hacemos ese trabajo y escarbamos como sabemos hacerlo: con pico, barreta y pala hasta dar con blandito.

 

En la colonia Monte Horeb había una camioneta de Protección Civil con al menos seis personas. Ellas escarbaron siempre. Los peritos en criminalística tomaron las fotos de los restos cuando estaban aún en las fosas, y los técnicos forenses los recibieron y los echaron en las bolsas de plástico. Luego los llevaron a la camioneta. Los técnicos no usaban guantes ni un uniforme especial.

 

Uno de los cuerpos no era sólo huesos, como los demás: era un cadáver en descomposición, el más reciente de todos y por el que dieron aviso a la policía de que en la zona estaban enterrando gente. Era un bulto de poco más de 1.60 metros, envuelto con bolsas de plástico pegadas entre sí con cinta. Parecía una momia. Uno de los técnicos forenses lo cargó al hombro unos 50 metros, desde la tumba hasta el vehículo. Era el último de 19 cuerpos que rescataron ese día en nueve fosas clandestinas. El técnico llegó al vehículo y lo aventó. El cadáver hizo un sonido hueco al caer en la caja de la camioneta blanca.

 

“¡Puta, éste sí que apesta!”, gritó.

 

Los marinos se apresuraron a subirse a sus vehículos, al igual que los policías, los peritos, los miembros de Protección Civil y el agente del ministerio público. Querían evadirnos para que no hiciéramos preguntas sobre el número de cuerpos, si había más tumbas, el tiempo que tenían allí enterrados. Y sobre por qué el trabajo tan medieval. Tan pedestre. Nadie nos dio respuestas. Nos remitieron a la oficina de Comunicación Social.

 

A las 3:27 de la tarde todos se fueron y pudimos acercarnos a las nueve fosas sin problemas. Eran hoyos cavados sin trazo, con prisa, sin explorar el terreno para ir descubriendo poco a poco los restos. En algunos puntos de una misma tumba había áreas más profundas que otras, y en otra fosa unos vasos desechables de colores fluorescentes estaban esparcidos alrededor de la excavación. Antes de irse, un policía orinó cerca de la fosa más lejana.

 

 

Los funcionarios

 

El médico Alberto Aguirre Puente, director del SEMEFO en Chilpancingo, voltea el monitor de su computadora y dice:

 

—Ve esta imagen, si se la mostramos a una persona nunca va a poder decir si es o no su pariente.

Las fotos que me muestra son de los restos hallados en Zumpango, donde estaba Paola. Pero en este momento todavía no tienen nombre. Después sabríamos que uno de los cuerpos es de ella. Por ahora son hombres y mujeres sin identidad, muchos sin piel en los huesos que les dé una forma para ser reconocidos. Están guardados en bolsas blancas con cierre, y encima de cada bolsa un número: 1, 2, 3, 4... hasta el 14.

 

—No hay manera, no hay manera —insiste Aguirre Puente.

 

—¿Ese es hombre o mujer?

 

—Fueron tres mujeres y 11 varones. Todos adultos. Todos.

 

El médico Aguirre se mueve en su silla como si le urgiera ir al baño. Asusta con una franela una que otra mosca que se ha colado a su despacho. Proporciona datos sueltos que no pido, como para evadir los cuestionamientos. Cuando le pregunto si el cadáver que me está mostrando en el monitor de la computadora es de una mujer, insiste en que las tres eran adultas. Más tarde nos enteraríamos que además de Paola, de 15 años, había otra adolescente que, según el informe de Leonid, tendría 17 años a lo sumo.

 

En la oficina también se encuentra el jefe de Aguirre, el asesor en medicina legal y forense del gobierno del estado, Edgar Lemus Delgado. Está serio. Observa la escena y sólo responde las preguntas que le hago directamente. Dice que está seguro de a dónde quiero llegar, pero ya se lo había dicho: quiero saber si con el trabajo que hacen desde que desentierran un cadáver de una fosa clandestina hasta que lo llevan a la morgue, es posible saber quién es esa persona y cómo murió. Responde que, de momento, no.

 

—Tenemos muchas limitantes. Si nos llegan restos óseos tenemos limitantes para su identificación.

 

A esa declaración siguieron muchas aclaraciones, unas de Aguirre y otras reforzadas por Lemus. Todas iban en el mismo sentido: explicar la falta de protocolos y de resultados. Dijeron que ellos no son los responsables de las exhumaciones, sino los peritos de la Procuraduría de Justicia estatal. Que su trabajo sólo es técnico. Que están muy rebasados por los acontecimientos de violencia en Guerrero. Que les hace falta personal y tecnología, como un laboratorio de genética, pero que aun así el trabajo se saca. Que los de Protección Civil deben cavar porque es su labor, aunque los de Protección Civil digan lo contrario. Que ya pronto se mejorarían las instalaciones, y así será: unos días después de la entrevista comprarán lámparas de luz ultravioleta para matar a las moscas que andan por todo el lugar y ampliarán la cámara de refrigeración para que en lugar de 45 cadáveres entren 240. Hacía falta espacio.

 

—¿Qué procedimiento siguen con una osamenta para saber la identidad del fallecido y determinar la causa de muerte? —les pregunto.

 

—El forense determina si no está lesionado o traumatizado por algún tipo de arma. Hace su dictamen y después el antropólogo determina sexo, edad y talla. Luego el odontólogo ve si tiene algún trabajo especial en la dentadura. Con todos estos estudios se hace un dictamen —responde Lemus.

 

—En una osamenta no es tan sencillo determinar una causa de muerte si no hay una evidencia clara —interviene Aguirre—, como por ejemplo un proyectil.

 

—¿En casos pasados cómo ha sido?

 

—En lo que tengo de tiempo aquí, y ya voy para 25 años en el SEMEFO , en Guerrero nunca hemos inhumado una osamenta que haya sido identificada después.

 

—En Acapulco hubo un caso —contradice Lemus—. Habíamos llevado a la fosa común unos cuerpos y cuatro meses después apareció una familia que dijo que uno de esos era su pariente. Se hicieron los estudios y resultó que sí era.

 

—Pero no es muy frecuente, ¿verdad? —pregunta Aguirre a su colega.

 

—No, y ahora se ha hecho mucho más complejo por el incremento de casos —contesta Lemus.

 

Ese incremento está demostrado en el documento que su departamento le había hecho llegar con anticipación al Gobernador: Operatividad del SEMEFO estatal. En él se indica que de 2004 a 2013, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las muertes violentas en Guerrero aumentaron 315 por ciento. El diagnóstico también señala que Guerrero es la tercera región más violenta del mundo con 91.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes y que es el primer lugar en muertes violentas en México.

 

Cuando entrevisté a ambos funcionarios Paola no había sido identificada ni reclamada por su padre, Luis Alberto Carranza Flores. Tampoco se sabía más sobre los otros restos hallados en Zumpango junto con ella. Pero el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero ya había dictaminado en una entrevista con reporteros al siguiente día del hallazgo, el 10 de junio, que los 14 cuerpos pertenecían a narcotraficantes.

 

 

Sin protocolo

 

A estos dos funcionarios no les pregunté cómo se resguardan los restos que son extraídos de una fosa para facilitar su identificación, porque la respuesta ya me la había dado el mismo Lemus antes, cuando fui a buscar a su jefe: Felipe de Jesús Kuri Sánchez, subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, de la cual depende el SEMEFO . A Kuri lo busqué para que me hablara de los protocolos, pero él prefirió llamar a Lemus.

 

—Lemus… sí, Lemus. Estamos en altavoz —advirtió una vez que le pasaron la llamada—. Un reportero acá me está preguntando cuál es el protocolo que se sigue al rescatar un cuerpo de una fosa…

 

—El trabajo no lo hacemos nosotros. Nosotros estamos a disposición del Ministerio Público, que es quien encabeza los trabajos —respondió Lemus del otro lado del auricular.

 

—¿Cuál es el protocolo previo, durante y después de los trabajos de rescate? —repetí la pregunta.

 

—El trabajo recae en la Procuraduría General de Justicia del estado, ellos saben. El forense hace un trabajo auxiliar.

 

—Pero ustedes como médicos forenses, ¿qué hacen?

 

—Lo que la Procuraduría nos diga.

 

—¿Y quién cava?

 

—Los de Protección Civil.

 

—Y que pasa después de que escarban y sacan el cuerpo.

 

—Revisamos si nos interesa la forma de la osamenta. Si no, buscamos preservar las zonas donde sabemos que podemos encontrar muestras de ADN, regularmente cartílago, para su posterior identificación.

 

Kuri Sánchez intervino y dijo que en el área no tienen médicos forenses ni especializados en la materia, sólo “médicos generales que se han ido formado sobre la marcha; tenemos médicos que llevan 20 años trabajando en el área y por eso han acumulado una gran experiencia”.

 

Luego corrigió: “Bueno, sí tenemos dos médicos forenses de profesión, pero creo que sólo uno está en funciones”.

 

 

Y sin direcciones

 

Víctor Flores Vela, el director general de Sistemas y Normatividad de la Subsecretaría de Protección Civil, me lo dijo muy claro:

 

—No hay protocolos.

 

En realidad sí los hay. Víctor no lo sabe tal vez porque Protección Civil hace una labor física y no científica. Ellos cavan cuando les dicen que caven. Los científicos están en la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia estatal, que encabeza el criminalista Eduardo González Mata.

 

El problema en Guerrero es que el recelo para informar de asuntos de interés público es tan cotidiano que los funcionarios niegan cosas tan elementales como el nombre de otro funcionario. Cuando buscaba información sobre los protocolos, el vocero de la Procuraduría de Justicia, Jorge Valdez Reycen, me aseguró que hay protocolos muy estrictos a la hora de hacer una exhumación en una fosa clandestina. Habló de métodos y técnicas, de odontología forense, de planimetría y genética forense.

 

Le pregunté que si podía tener acceso al documento de ese protocolo. Respondió que no, que eso tendría que ser en Servicios Periciales. Y sólo tal vez.

 

—¿Y puedes darme el nombre del director de esa área?

 

—No, hermano —repuso con ceremonia—, esos nombres los tenemos bajo reserva.

 

Le respondí que si googleaba el puesto del funcionario, sin duda aparecería. No dijo más. Alzó el entrecejo y torció la boca. Y así fue. El nombre de Eduardo González Mata, director de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado, apareció en 95 mil 400 resultados en 0.35 segundos en Google. Lo busqué para preguntarle sobre ese fantasma que parecen ser los protocolos que siguen los peritos a la hora de sacar cadáveres de fosas clandestinas.

 

—Claro que hay protocolos —respondió cuando llegué a su oficina, sin dejar de atender sus documentos.

 

—¿Dónde puedo obtener uno?

 

—En internet. El protocolo que seguimos es el que tiene vigente la Cruz Roja Internacional: Protocolo para la identificación de cuerpos en fosas clandestinas. A ese nos apegamos.

 

En internet está el protocolo, pero no el del la Cruz Roja Internacional, sino el de la Procuraduría General de la República. Es un documento llamado Protocolo para tratamiento e identificación forense, en cuya página 10, inciso C, se refiere a los pasos a seguir en materia de antropología forense. Son 24 puntos y viene con una pequeña introducción: Excavación para el proceso de levantamiento. Entre todos los puntos a destacar este es el que más me sorprendió, después de haber visto exactamente lo contrario: “Al ubicar el nivel de los restos humanos, la excavación continúa con equipo fino, brochas y cucharillas de albañil, espátulas, recogedores, entre otros; circunscribir los restos humanos mediante un pedestal y, si es posible, abrir la excavación del entierro a un mínimo de treinta centímetros a los costados del cadáver para poder excavar libremente y no pisar los restos”.

 

Ni en el escritorio lleno de papeles, ni en las cajas apiladas llenas de archivos, estaba el protocolo. Pero el funcionario señaló que en su dependencia todos los trabajadores están capacitados para las labores que hacen: que tienen odontólogos forenses, antropólogos forenses, médicos forenses. También, que cuentan con todas las instalaciones: laboratorio de genética y sistema de identificación. La cuestión es que todo eso pertenece a la Procuraduría de Justicia estatal, no a la Secretaría de Salud, que es de donde depende el SEMEFO.

 

Le pregunté por qué si cuentan con todo ese equipo y trabajadores capacitados, parece que más bien hacen un trabajo de campo sin el cuidado que el caso amerita. Un trabajo deshumanizado.

 

—Parece que estuvieran sacando cualquier cosa excepto restos humanos —le dije.

 

—Puede que tengas razón. Y te voy a decir por qué: los casos nos han rebasado. Lo que queremos es rescatar los cuerpos, sacarlos de donde están y los detalles los dejamos para el laboratorio. Y tenemos otro problema: no tenemos tanto recurso humano ni tiempo. Hay zonas en las que tenemos que hacer todo muy rápido porque si nos gana la noche ya no podemos seguir por los alacranes y demás fauna hostil. Un día, a una perito le pico un alacrán y entonces la urgencia ya era ella y no el rescate del cuerpo. Por eso ahora echamos mano de Protección Civil para que nos auxilie.

 

—Sí, ya me lo dijeron ellos.

 

—Pero además no sabes la cantidad de tumbas clandestinas que hemos hallado en el estado. Es muy común que la gente venga aquí o llame para señalar lugares donde han visto que entierran gente.

 

—No, no tengo idea, dígame cuántas.

 

—Ese dato te lo darán en Comunicación Social.

 

—Pero en Comunicación Social no quisieron proporcionarme ni su nombre.

 

También le pregunté cuántos casos han sido resueltos, a cuántas personas se han detenido como responsables. Respondió que esa información se podía conseguir en la Dirección de Averiguaciones Previas o vía Comunicación Social. En la primera instancia ni siquiera contestaron mi llamada.

 

 

El cadáver 8

 

En el libro de registros del Servicio Médico Forense hay un nombre escrito a mano: Luis Alberto Carranza Flores. También una fecha: 19 de junio de 2014. Se ve una firma y, al lado de ella, una nota: “Recibí de conformidad el cuerpo de mi hija Paola Yaretzi Carranza Salgado”. En la parte superior de la hoja hay un apunte hecho por los trabajadores del Forense: Cadáver 8.

 

Paola llegó al SEMEFO tipificada así, con un número y dentro de una bolsa de embalaje. Tuvo el número ocho porque fue la octava que hallaron en una de las cinco tumbas clandestinas en el paraje Ojo de Agua, Zumpango, donde había otros 13 cadáveres. Debajo de ella había dos mujeres más, una menor de edad y una mujer de unos 30 años. Sus números, 9 y 10, fue lo único que quedó como registro de su paso por la morgue.

 

Paola sí volvió a nacer: su nombre aparece en su tumba. Aunque esta vez nació ciega y no vio la luz ni sus pulmones sintieron el aire húmedo que unas nubes oscuras arrastraban desde el norte el día que la encontraron. Los trabajadores de Protección Civil le abrieron las entrañas de la tierra y ésta la parió con el dolor de quien da a luz a trillizos. No fue su cabeza lo que asomó primero, sino su mano: una mano flaca y extendida apareció entre los terrones como pidiendo auxilio. Nadie la ayudó porque no había nada qué hacer por ella. Así que siguieron escarbando, con prisa, y cuando por fin la tuvieron a la vista le gritaron a Leonid.

 

—¡Perito, ven, acá hay unas mujeres! ¡Oye, perito!

 

Leonid avanzó de prisa por el terreno lleno de espinos y la vio. Ella era por quien habían llegado allí y por la que encontraron a los demás cadáveres. Fue por la denuncia y la insistencia de su padre para que la buscaran, que habían seguido las pistas, las llamadas de alerta de los pobladores, y la habían localizado. Por la búsqueda de Paola fue que conocieron de los demás cuerpos sepultados y el tamaño del crimen que se mantenía enterrado, como muchos otros que siguen bajo tierra en Guerrero.

 

La exhumación no se completó en un día. En este estado llueve como en los tiempos bíblicos y cuando pasaban de las 2:00 de la tarde, las nubes colmaron el cielo y el cielo se puso pálido, así que se fueron. No pudieron regresar al siguiente día porque el aguacero dejó un mar de lodo que hacía imposible llegar al paraje y, sobre todo, escarbar para desenterrar un cuerpo.

 

Volvieron al tercero porque habían localizado otra tumba en donde había tres cuerpos más.

 

 

Leonid

 

Leonid es moreno, mide 1.60, es soltero y católico —aunque, dice, no recalcitrante—. Hablo con él en su oficina de perito en antropología forense en los Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, donde trabaja desde hace cuatro años. He conversado con él ya una docena de veces antes. Algunas entrevistas han sido en el SEMEFO, donde trabaja también como antropólogo forense desde 2012. Tiene un puesto privilegiado, pues es el único en el estado y uno de los 25 que hay en todo el país, según el médico Aguirre Puente. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Al ser el único que tiene esa especialidad en el estado, le dije en una de esas conversaciones que seguramente lo trataban muy bien y tenía un buen sueldo. Me respondió con una sonrisa tímida y dijo que no, que ojalá, pero no.

 

Encima del escritorio de su oficina de Servicios Periciales hay un cráneo que, a primera vista, parece de plástico. Lo tomo sin pedir permiso, acerco mis ojos a las cuencas y cuando veo los poros del hueso lo suelto con un pavor infantil.

 

—Es real —me dice al ver mi reacción.

 

—¿Nunca lo reclamaron?

 

—Nunca lo reclamaron.

 

—¿Es hombre o mujer?

 

—Un varón, adulto.

 

Lo mayoría de los cuerpos que se exhuman de tumbas clandestinas en Guerrero terminan en la fosa común. Leonid —el nombre se lo puso su padre, un profesor de ideales socialistas que lo tomó de un luchador social de la Unión Soviética— no tiene datos duros sobre cuántos de ellos se reconocen, aunque ya antes los funcionarios forenses habían dicho que no están más de tres meses en la cámara frigorífica. Leonid explica que una muestra de la cantidad de cadáveres que son reconocidos y reclamados por su familia es el caso de Zumpango: de los 14, sólo identificaron uno, el de Paola.

 

—¿Y de los 19 que sacaron el 22 de mayo en Iguala?

 

—Hasta ahora, ninguno.

 

Leonid dice que 72 personas se acercaron al SEMEFO para intentar reconocer por la ropa, una malformación, una amalgama en la dentadura o mediante pura fe si alguno de los cuerpos hallados en Zumpango pertenecían a su familia. Pero me recuerda que tan sólo en los primeros seis meses de 2014 se registraron 197 casos de desaparecidos en Guerrero y, de ellos, no se ha encontrado a ninguno con vida.

 

Entonces regresamos al tema de la fosa de Zumpango.

 

—¿Cómo definiste la edad de Paola?

 

—Desde que llegó dije que por sus características, la sínfisis púbica, la falta de los terceros molares (muelas del juicio) y el tamaño del cráneo, era una menor de edad.

 

—¿Cuándo murió?

 

—Tenía unos seis o siete meses de muerta [cuando la encontraron].

 

—¿O sea en noviembre o diciembre [de 2013]?

 

—Más o menos. Y según la madre fue precisamente en esas fechas que desapareció.

 

—¿Qué protocolo siguieron en su caso?

 

—Rescatamos los restos de manera metódica y minuciosa, se embalaron en bolsas para cadáver, se etiquetaron para llevar un orden y tenerlos clasificados al momento de trabajar con ellos en la sala de necropsias. Luego, con la ayuda del médico forense y del odontólogo forense, los ordenamos de manera anatómica: de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás.

 

Le digo que en las fosas de Iguala yo vi un trabajo muy distinto, que he buscado un protocolo como si fuera el Arca de la Alianza y que incluso los funcionarios del estado me han dicho que se trabaja de esa forma porque están rebasados. Responde: “Se trabajó así en Iguala porque yo no estuve”.

 

—Y cuando estás tú, ¿cómo lo haces?

 

—Les digo a los de Protección Civil: “Le quitan tantos centímetros de tierra y, cuando lleguen a esa profundidad, me lo dejan”. De allí yo delimito e inspecciono para saber si podemos extraer el cadáver. Sabemos que estamos en riesgo, por eso nos acompañan miembros del Ejército o de la Policía Federal, Estatal o Ministerial. Llevamos protección porque no sabemos qué nos puede pasar durante los trabajos.

 

—¿Como qué?

 

—Ha habido ocasiones en que llegan estos grupos [de la delincuencia organizada] y tenemos que trabajar rápido.

 

—Tú sigues un protocolo, pero no todos lo hacen y no siempre puedes estar en ellos.

 

—No, porque hay muchísimos casos: en Acapulco, en Teloloapan, en Chilpancingo, en Iguala…

 

En una de estas conversaciones, mientras se desarrollaba la entrevista, en la sala de necropsia había 14 cadáveres recién llegados. Un días antes, el miércoles 9 de julio, grupos antagónicos ligados al narcotráfico se enfrentaron en Chilapa, un municipio a una hora de distancia de Chilpancingo, y los muertos habían llegado desde la madrugada. Desde la ventana de Leonid se veía a los técnicos en una necropsia.

 

Le pregunto sobre el caso más tétrico en el que ha tenido que trabajar. Responde rápido: Taxco, 2010, 54 cadáveres que arrojaron al respiradero de la mina de Dolores, un caso en el que sólo nueve cuerpos pudieron ser identificados. “Sacábamos un cuerpo y salía otro...”

 

Leonid abre en su computadora una carpeta que dice Taxco. Lo que me muestra a continuación es el infierno: cuerpos —o algo que parecen cuerpos humanos— apilados sobre fango y sangre ennegrecida dentro de una caverna que alguna vez fue una mina de plata. El sitio fue cerrado tras una huelga, en julio de 2006, y nadie había regresado al lugar. Nadie salvo los narcos que fueron tirando cadáveres allí. Dice Leonid que después de una semana de trabajo rescataron 54 muertos, aunque los otros peritos y él suponen que aún hay muchos más, pero por la profundidad fue imposible sacarlos. El respiradero fue clausurado.

 

El discurso oficial, en muchos de estos casos, es que se trata de ajustes de cuentas entre delincuentes. Insisto en ello:

 

—Cuando recién aparecieron las osamentas en Zumpango, el Gobernador dijo que todos eran narcos, ¿qué opinas de este tipo de declaraciones?

 

Leonid sonríe, turbado, y luego agacha la cabeza sin decir nada.

 

 

 

Paola

 

Paola tenía seis o siete meses de muerta. La conocí con los ojos deshabitados, desaliñada y terrosa. La vi en unas fotos que quisiera no haber visto nunca. La cinta industrial con que fue amordazada y que al final la asfixió hasta la muerte, seguía alrededor de su cuello. Igual que la duda de quién la secuestró y asesinó, y si había una investigación en marcha contra ellos. Leonid me mostró las fotografías.

 

“Es ella”, dijo, y me fue mostrando una a una las fotos.

 

Vi la bolsa blanca con la etiqueta marcada con el número ocho que le quitaron 10 días después, cuando su padre tras una prueba de ADN se convenció de que sí era Paola. La cara descarnada, los brazos en la espalda como si hubiera estado atada, y sólo un arete en una de las orejas. Era blanca y menuda, con el pelo negro hasta la cintura, y le gustaba, como a las chicas de su edad, hacerse selfies. Me hubiera gustado conocerla así. Hoy sólo recuerdo sus ojos deshabitados.

 

Fotografías de Pedro Pardo

 

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