Informar es peligroso en Brasil

Informar es peligroso en Brasil

Cuatro periodistas han muerto en el último semestre

Por: Redacción/Agencias | Fecha: 25/04/12

 

La Sociedad Interamericana de Prensa ha reportado 30 incidentes hacia los medios de comunicación y sus profesionales cariocas desde el pasado mes de noviembre. Atentados, detenciones ilícitas, amenazas, censuras e incluso asesinatos son algunas de las lacras con las que tienen que lidiar los profesionales de la información en su ejercicio diario de contar la verdad.

 

Cuatro periodistas han sido asesinados en los últimos seis meses en Brasil, mientras contribuían a la sociedad informando de la actualidad, según indicó la ONG de los periodistas americanos a la Agencia Brasil. La libertad de prensa queda cuestionada cuando una persona muere sólo por su derecho legítimo a informar. Los sucios asuntos políticos, los deplorables casos de corruptela que se esconden en el fango de la realidad del país son investigados por muchos profesionales de la información, a fin de cumplir con esa función social sacando a la luz aquellas actividades que vayan contra la ley y los principios morales de sus ciudadanos. Esto muchas veces les cuesta la vida.

 

Estos datos salieron a la luz tan sólo un día antes de que esta cruda realidad volviera a dar la cara, después de conocer el asesinato de ayer del periodista Décio Sá, reportero del diario O Estado do Maranhao y un ferviente bloguero, informó la BBC. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un crimen encargado a un grupo de sicarios, que entró ayer en la noche en un bar de Sao Luis, capital de la región, donde se encontraba el periodista, asestándole seis disparos que le provocaron la muerte en el lugar. Los dos verdugos irrumpieron en el establecimiento, de forma "osada" y sin ocultar el rostro, por lo que todo apunta a que "fue un crimen encomendado", según declaró el secretario de Seguridad Pública de Maranhao, Aluisio Mendes.

 

El profesional de la información era un elemento incómodo, que no se censuraba a la hora de denunciar públicamente a políticos corruptos a la que redactaba crónicas judiciales bastante críticas. Su blog, blogdodecio.com.br, que llevaba activo desde 2006, era uno de los sitios web más leídos y visitados en la región de Maranhao, por eso cada palabra o publicación de este periodista movía una importante corriente de opinión, siempre crítica ante las injusticias, desigualdades y corruptelas. Su cuaderno de bitácora virtual será precisamente uno de los elementos claves para investigar su asesinato. Las autoridades estudiarán a fondo sus reportajes de investigación publicados recientemente, para dar con alguna pista sobre la autoría o las motivaciones de este brutal asesinato y atentado contra la libertad de información.

 

 



Otra de las recientes víctimas de este hastío fue Randolfo Lopes, periodista del medio digital Vassourasnanet.net que se encontraba investigando casos de corrupción política y judicial. Sus escritos, denunciando los actos ilícitos de jueces y políticos de altas esferas le pasaron factura, llevándole a la muerte. El pasado 9 de febrero, un grupo de personas entró en su domicilio, secuestrándolos a él y a su novia, Maria Aparecide Guimaraes. Al día siguiente, los cuerpos de ambos fueron hallados sin vida, acribillados a balazos, en la localidad de Barra do Piraí, en Río de Janeiro.

 

No era la primera vez que intentaban quitarse a Lopes de en medio. En el mes de julio de 2011, un hombre armado entró en la redacción y le disparó sin mediar palabra hasta cinco tiros en la cabeza. Milagrosamente, después de tres días en coma, Randolfo salió adelante y siguió ejerciendo su profesión y su pasión: el periodismo. A pesar del indicente, el profesional continuó con su labor de denuncia a los políticos y jueces corruptos, aunque desde Barra do Piraí, por cuestiones de seguridad. Tristemente, otros quisieron escribir por él el final de su vida.

 

Los medios de comunicación brasileños también han sido objeto de asaltos, ocho desde el mes de noviembre, así como ataques y amenazas a seis empresas y periodistas de diversas cabeceras. Sin duda, la forma de extorsión legal más efectiva está siendo la censura legal, de los que la Sociedad Interamericana de Prensa (SPI) ya ha reportado seis casos en el último semestre. Mediante este sistema, los jueces evitan que determinadas informaciones y temas se publiquen en diversos medios, tanto en periódicos, cadenas de radio, televisiones e incluso blogs. Impiden que salga a la luz cualquier novedad sobre casos de corrupción que implican a funcionarios públicos.

 

La SPI atribuyó la proliferación de las censuras a la "lentitud de la justicia", contribuyendo a los "ataques a los profesionales de los medios de comunicación", dejándolos desprovistos de recursos para defender su derecho legítimo a informar, sobre todo de asuntos que atañen a los intereses y bienes públicos, según recoge el informe.

 

Otra ONG, esta vez el Comité para la Protección de los Periodistas, publicó ayer una lista con los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo, en función a las extorsiones y muertes producidas. Brasil ocupa el puesto número 11, aunque no es el único país latinoamericano presente en la lista. Le supera México, en octavo lugar, y Colombia, que ostenta en quinto puesto, según recoge la agencia Brasil. En todos ellos, la digna tarea de informar se convierte en toda una tentación a la muerte, ya que los profesionales se ven obligados a medir sus palabras, sus preguntas y los temas que investigan. El que se sale del tiesto, corre un grave peligro de perder la vida, y muertes como la de Décio Sá, ayer lo demuestran. En cuanto al resto del mundo, la organización señaló a Irak como el país con más peligro, seguido de Somalia y Filipinas.

 

Desde este comité también se denuncia la ausencia de consecuencias penales para los verdugos de los periodistas. La ONG indicó que tan sólo se ha sentenciado a cinco personas por asesinar a profesionales de la información, mientras que aún hay cinco muertes producidas en la última década que siguen sin resolver.

 

Aunque aún queda mucho por hacer en la práctica, en la teoría la intención del gobierno es que esta situación cambie. Para ello se promulgó el pasado mes de noviembre la Ley de Transparencia, un compendio de normas que facilita el acceso a los documentos públicos y garantizaría una información cristalina de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a todos los niveles, desde el local hasta el estatal. Se espera que entre en vigor a partir del 1 de mayo, una fecha a partir de la cual habrá que comprobar si es realmente una medida efectiva, si se cumple o es sólo un falso velo de honestidad y transparencia urdido por la corrupción.